César Álvarez, renunciante presidente regional de Áncash, y candidato a la reelección en ese departamento ha sido acusado de plagiar su plan de gobierno.

La denuncia es directa y viene de la ONG CECOPROS.

Una serie de páginas habría copiado el aspirante a reelegirse en el cargo por el movimiento “Cuenta Conmigo”.

 Nada más y nada menos que La República rebotó esta denuncia aparecida en la web de la organización no gubernamental. En la acusación se menciona que Álvarez Aguilar ha copiado los siguientes dos documentos:

 y este otro:

¿Cuál es la diferencia entre el primer plagio y el segundo. A continuación lo detallaremos.

El primer documento (‘Plan de Desarrollo Regional Áncash 2004-2007’, fue elaborado y aprobado durante el mandato del anterior presidente regional, Ricardo Narváez Soto). Es decir es un texto hecho con dinero del GR y no debería aparecer en un plan de gobierno de un privado.

Nos centramos en la presentación:

 Ambas son exactamente iguales. La de la parte izquierda, elaborada en el 2004 y la última, parte del plan de gobierno del popular “bestia“.

Aquí el detalle es excesivamente notorio: Se plagia los dos últimos párrafos y en se cambia los términos que hacen referencia al Gobierno Regional (de la ex gestión) por palabras relacionadas al movimiento Cuenta Conmigo, de la ex autoridad aprista.

Consultado al respecto, Álvarez Aguilar indicó que sí se tomó “algunos lineamientos del plan mencionado pero que eso no tiene nada de malo, por lo que felicito a quien repita el gesto”.

La verdad es que plagiar, en las autoridades ancashinas parece ser moneda común, pues la misma ONG acusa periodísticamente a varios candidatos de plagios descarados que van desde 3 hasta 118 páginas.

Aquí el cuadro que publica Centro de Comunicación y Promoción Social, la ONG acusadora.

 P.S Sobre el segundo documento, elaborado para el periodo del actual Gobierno Regional, y que abarca del año 2008 al 2021, se menciona que el plagio de 45 páginas.

“El dinero para este estudio provino de Antamina, por lo tanto, si Álvarez coloca ese estudio como plan de gobierno ante el JNE, entonces se podría afirmar que su PG fue financiado indirectamente por la empresa minera”, afirma la ONG.

Lástima que sanciones para casos así solo pasan por el ámbito de la ética.